Revista El Observador

Y es que da igual quien gobierne, Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Grupo Independiente Liberal, Partido Andalucista, Partido Popular y Opción Sampedreña, formaciones que han tenido o disponen de idénticas responsabilidades de gobierno en este Ayuntamiento, albergan las mismas cargas y sus manos manchadas por las lágrimas y las carencias de un gran grupo de marbelleros y sampedreños que viven en las calles del municipio. Sufren el frío del invierno y la deshidratación del verano; tienen graves enfermedades, físicas y mentales; soportan el desprecio, los insultos y en muchas ocasiones las agresiones, cuando no la muerte tras una paliza o el incendio de los pocos y deteriorados bienes sobre los que duermen.

Vaya por delante que en estas líneas no dirijo mi crítica a los ciudadanos y ciudadanas de esta santa tierra, que en innumerables ocasiones han demostrado su gran solidaridad, sino a sus podridos gobernantes porque, aun siendo paraíso para propios y extraños, la gloriosa Marbella, esa que algunos aun denominan como “una, grande y libre”, sigue mirando hacia otro lado. Prefieren su dosis de Starlite, FITUR, LuxuryWeekend o Copa Davis. Gastan millones en beneficiar a empresas privadas, como los 2.350.000 euros que el Ayuntamiento en el año 2009, puso de nuestro dinero, para que unos cuantos hicieran su agosto, con la excusa de que unos pocos se lo pasaran muy bien, entrando de gañote, como de costumbre, a estos fastos. Sobre todo, si eres amigo del partido político que gobierna en ese momento. Solo en concepto de canon, gastaron 800.000 euros, más IVA. El resto, para rehabilitar unas instalaciones privadas que jamás han vuelto a ser puestas al servicio de la ciudadanía. Recuerden: la Plaza de Toros de Puerto Banús, propiedad de varios familiares de Correa, principal imputado de la trama Gürtel.

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A conciencia, porque no se puede decir de otra forma, los políticos nos venden una Justicia que a duras penas es tal. Como en el caso de la Sanidad, estos trabajadores están muy por encima de sus jefes directos y los gobernantes de los que dependen. Falta de medios materiales, personal, responsables elegidos a dedo, e incluso algún representante del colectivo de la abogacía, más interesado en hacer campaña personal que en el bienestar de sus representados y de la ciudadanía en general. Una justicia lenta y sin medios siempre beneficia a los mismos: ricos y poderosos que pueden permitirse el lujo de largos procedimientos en los que la Administración de Justicia, muchas veces, al final solo puede archivar los casos denunciados por un puñado de valientes, o dar la razón a quien mejor defensa se ha podido pagar durante los meses o años que tarda en salir la sentencia firme de un procedimiento. Si nos centramos en Marbella, en la que, a pesar de todo, la corrupción y las mafias campan a sus anchas, necesitamos un regimiento de jueces incorruptibles. Jueces que no se fíen de nadie y escondan de la vista de todos, sus intenciones, como Don Miguel Ángel Torres hizo con el Caso Malaya. Solo así podrá iniciarse una verdadera limpieza del crimen que nos rodea y que pocos quieren ver.

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Ciertamente me ha gustado el apelativo que los vecinos denunciantes de este caso, han utilizado para definir de forma muy gráfica lo que está ocurriendo con el Tanatorio de San Pedro Alcántara, incluso con su cementerio. Y es que todos los partidos políticos que han estado en el gobierno de Marbella desde el año 1991, han tenido algo que ver con tal despropósito. Lamentablemente, no todo el mundo conoce bien la historia y, por lo delicado del asunto, muchas veces se utiliza con más frecuencia el corazón que la razón y la legalidad para vislumbrar qué ha ocurrido hasta ahora para que ambas instalaciones estén pendientes de un próximo y posible precinto.

Un poco de historia

Según nos apunta el historiador, José Luis Casado Bellagarza, el 10 de enero de 1864, el Ayuntamiento de Marbella acordó construir un cementerio en la Colonia Agrícola de San Pedro Alcántara. Se tuvieron en cuenta las exigencias del gobernador provincial, el notable incremento de la población, y que para que los sampedreños obtuvieran sagrada sepultura, debían trasladarse a dos leguas de distancia, cosa bastante difícil en aquella época, dada la mala conexión por tierra existente entre ambas poblaciones. No obstante, tuvieron que pasar cuatro años para que el 5 de enero de 1868, se iniciaran las obras, con un presupuesto de 20.000 reales, que tuvieron que ser recaudados entre “los mayores contribuyentes” del municipio, ya que el Consistorio de Marbella, argumentaba no disponer de fondos suficientes y, por otra parte, tampoco quería subir los impuestos a sus terratenientes.

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Hace bien poco se cumplían dos años desde que la Junta de Andalucía, en una Orden de 7 de septiembre de 2015, decidía no continuar con el procedimiento de alteración de los términos municipales de Marbella y Benahavís, en las zonas conocidas como “Horno de la Miera”, Urbanización La Quinta, Urbanización Los Naranjos y Vega el Colorao, con el consiguiente archivo del expediente (AQUÍ). De forma irregular, la dirección de Urbanismo de la Junta de Andalucía, en vez de anular o subsanar el, llamémosle inocente error cometido en la elaboración del PGOU de Benahavís, instando al consistorio de dicha localidad a la rectificación oportuna, no tuvo otra ocurrencia que iniciar el citado expediente de alteración de términos municipales. Toda una aberración jurídica, si tenemos en cuenta la legislación nacional y autonómica aplicable. No se sabe cómo ni por qué, la administración autonómica hace una interpretación completamente errónea del Artículo 12 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, que regula la demarcación municipal, en vez de dirigirse exclusivamente a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Nadie desde 1991, había solicitado iniciar un expediente de segregación o independencia municipal, como sí hicieran por otros motivos mucho menos interesados, los integrantes de la Comisión Promotora de la Segregación y Creación del Municipio de San Pedro Alcántara. Expediente que, por cierto, actualmente se encuentra pendiente del Fallo del Tribunal Supremo.

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